Lo condenaron a más de 43 años de prisión por secuestro y abuso contra la hijastra

Un juez condenó a 43 años y 6 meses de prisión a un pastor cristiano que aceptó su responsabilidad en el secuestro y abuso contra su hijastra de 13 años, hechos ocurridos el 29 de abril de 2025 en la vereda San Andrés, zona rural de Chinchiná, en el departamento de Caldas. El acusado decidió aceptar los cargos mediante un preacuerdo con el ente investigador.

El juez de conocimiento avaló la negociación judicial y lo declaró responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y secuestro agravado, imponiendo una pena superior a cuatro décadas de prisión.

El Engaño

De acuerdo con la investigación, el hombre utilizó un engaño para quedarse a solas con la menor. Según estableció la Fiscalía, le dijo que irían a conocer una vivienda que supuestamente compraría para la madre de la adolescente en el municipio de Chinchiná.

Durante el trayecto en vehículo, el hoy condenado detuvo el automotor, restringió la libertad de la menor y posteriormente la trasladó en contra de su voluntad a una finca de su propiedad ubicada en la vereda San Andrés.

Hechos ocurridos en la finca

En el inmueble rural, la menor fue sometida a abusos durante varias horas. Según la investigación, el hombre incluso puso música a alto volumen para evitar que los vecinos escucharan los pedidos de auxilio.

Las autoridades establecieron que la víctima permaneció retenida contra su voluntad durante el tiempo en que ocurrieron los hechos.

La víctima logró escapar

En medio de la situación, la menor logró escapar del lugar y pedir ayuda. Habitantes del sector que se percataron de lo ocurrido acudieron en su auxilio y observaron que el agresor intentaba perseguirla.

Ante la reacción de la comunidad, el hombre huyó en un vehículo. Sin embargo, metros más adelante el automóvil terminó en una cuneta, por lo que descendió e intentó escapar hacia una zona boscosa cercana.

Capturado por la comunidad

Varias personas del sector lograron retenerlo hasta la llegada de la Policía  de Colombia, quienes realizaron su captura y lo dejaron a disposición de las autoridades judiciales.

El proceso judicial culminó con la condena luego de que el acusado aceptara su responsabilidad en los hechos.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier tipo de violencia contra menores de edad y recordaron que estos delitos tienen sanciones severas dentro de la legislación colombiana.