No tenían clínicas, pero le cobraban 17 mil millones al ADRES por víctimas de accidentes de tránsito

La ADRES suspendió pagos a 23 IPS por presentar facturas sin tener instalaciones para prestar servicios. Con las medidas quedan suspendidos pagos por reclamaciones de atención a víctimas de accidentes de tránsito por más de $17 mil millones.

Con el objetivo de asegurar el buen uso y control de los recursos de la salud, la ADRES adoptó medidas administrativas frente a 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca por la presunta inexistencia de infraestructura para atender los pacientes accidentados en la dirección física reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

​En una primera decisión (Resolución 0087804 de 2025), de las 23 instituciones identificadas, la entidad suspendió el reconocimiento y pago de reclamaciones a 12 IPS que radicaron más de $4.911 millones. Estas entidades venían facturando con anterioridad:​

Tabla con los valores reclamados por los prestadores de servicios​

En una segunda decisión (Resolución 0087805 de 2025), a 11 IPS se les suspendió de manera indefinida la solicitud de registro de las cuentas bancarias ante la ADRES. La medida les rechaza facturas nuevas a otro número de entidades reclamantes.

En cumplimiento del debido proceso, la ADRES realizó ya la notificación a los representantes de estas IPS, las cuales tienen 10 días hábiles para presentar recurso de reposición.

La identificación de estas anomalías se da gracias a las auditorías realizadas por tres firmas contratadas por ADRES desde 2023, con visitas físicas, para hacer control, verificación y reconocimiento de pagos a entidades que presentan reclamaciones por servicios de salud y gastos de transporte derivados de accidentes de tránsito causados por vehículos sin SOAT o no identificados.

Fachadas de las direcciones de las clínicas

En 2024, la ADRES también adoptó medidas administrativas para suspender los pagos a otras 52 IPS que han radicado cuentas por más de 70 mil millones de pesos. De estas, la entidad puso en conocimiento de las Fiscalía General de la Nación, el presunto delito de fraude o intento de fraude, por parte de 36 entidades que no lograron demostrar que contaban con infraestructura física, pese a tener registro de habilitación para la prestación de servicios de salud.

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