Más de 12 años de prisión para Ottomar Lascarro por el caso Centros Poblados

La justicia colombiana condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato de conectividad rural adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados 2020, uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Iván Duque y de los últimos años en el país.

La decisión fue adoptada por una juez penal de conocimiento de Bogotá, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación relacionada con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a más de 7.000 instituciones educativas rurales de Colombia.

Lascarro Torres fue hallado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de la pena privativa de la libertad, deberá pagar una multa superior a los 2.452 millones de pesos y quedó inhabilitado por 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas.

Según estableció la Fiscalía, el condenado aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar requisitos exigidos en el proceso contractual, permitiendo así la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020.

De acuerdo con la investigación, la información presentada indujo en error a los funcionarios del MinTIC encargados de evaluar y adjudicar el contrato, cuyo valor superó el billón de pesos.

Las autoridades también determinaron que Lascarro Torres recibió cerca de 250.000 dólares como contraprestación por las actuaciones irregulares que facilitaron la adjudicación del proyecto. Los recursos habrían sido transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.

El caso Centros Poblados se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción relacionados con la contratación pública en Colombia, debido a que los recursos destinados a mejorar la conectividad en zonas rurales terminaron comprometidos en medio de irregularidades que impidieron el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

La sentencia conocida corresponde a una decisión de primera instancia y contra ella proceden los recursos establecidos por la ley.