Gobierno y EGC acordaron Zonas de Ubicación Temporal en Doha, Catar

El Gobierno de Colombia y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) anunciaron una serie de compromisos orientados al desescalamiento de la violencia y la protección de las comunidades en los territorios donde opera este grupo armado. El anuncio se realizó en Doha (Catar) con el acompañamiento del grupo de países mediadores conformado por Catar, España, Noruega y Suiza.

La reunión, enmarcada en el Espacio de Conversación Sociojurídico, culminó con la firma de un documento que amplía el área de implementación de acciones piloto.

A los cinco municipios iniciales —Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó)— se suman ahora Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar).

Tres Zonas de Ubicación Temporal desde marzo de 2026

El acuerdo alcanzado establece la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para la ubicación progresiva de integrantes del EGC a partir del 1 de marzo de 2026. Estas zonas estarán ubicadas en: Belén de Bajirá (Chocó), Unguía (Chocó), Tierralta (Córdoba).

Para su implementación, el Gobierno expedirá un acto administrativo que definirá los sitios rurales de ubicación y el listado de integrantes del grupo armado que serán concentrados. La ubicación de los miembros del EGC implicará la suspensión de órdenes de captura y de solicitudes de extradición, en el marco del proceso sociojurídico.

Monitoreo internacional: MAPP/OEA verificará los compromisos

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la activación de un mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación, integrado por: un representante del Gobierno, un representante del EGC, y un delegado de la MAPP/OEA. Además, el grupo de países mediadores podrá participar previa invitación.

La MAPP/OEA será la encargada de realizar el seguimiento en terreno, elaborar informes bimestrales, acompañar desplazamientos de los integrantes del EGC y monitorear el desarrollo de las acciones piloto en los municipios priorizados.

El protocolo firmado establece que la verificación abarcará temas como: protección de niños, niñas y adolescentes, no reclutamiento, prevención del suicidio y violencia sexual, pedagogía para la sustitución de cultivos de uso ilícito, situación de extorsión, migración, protección de cuencas y afectaciones ambientales, promoción de la resolución pacífica de conflictos, seguridad y convivencia ciudadana, y respeto al Derecho Internacional Humanitario.

En el ámbito nacional se verificará, además, el compromiso del EGC de no interferir en procesos electorales, ni en la labor de autoridades civiles o en acciones contra minas antipersonal.

Acciones humanitarias y reconocimiento de la denominación EGC

El acuerdo incluye también la realización de acciones humanitarias para evaluar las condiciones de salud de los integrantes del EGC recluidos en centros penitenciarios dentro y fuera del país.

Asimismo, el documento reafirma que el Espacio de Conversación Sociojurídico reconoce la denominación Ejército Gaitanista de Colombia, tal como lo establece la Resolución Presidencial 294 del 5 de septiembre de 2025, e insta a las autoridades a utilizar este nombre de manera oficial.

Firmantes

El documento fue suscrito por:

Álvaro Jiménez Millán, por el Gobierno de Colombia.

Luis Armando Pérez Castañeda, por el Estado Mayor Conjunto del EGC.

Voceros no pertenecientes al EGC.

Integrantes del equipo técnico de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.

Un observador de la Procuraduría General de la Nación.

Abogados independientes y observadores de la Fuerza Pública.

Contexto: la Declaración de Doha

El espacio de conversación con el EGC se instaló formalmente el 18 de septiembre de 2025 en Doha, con la firma de la Declaración de Doha, que estableció compromisos iniciales de desescalamiento de violencias en cinco municipios piloto. Entre ellos se encuentran la protección de niños, niñas y adolescentes; acciones comunitarias de sustitución de cultivos ilícitos; fortalecimiento social y atención a la crisis migratoria.