Fiscalía acusó al excanciller Leyva por presunto prevaricato en contrato de pasaportes

De acuerdo con el ente acusador, el exfuncionario habría emitido actos administrativos que, presuntamente, buscaban obstaculizar la licitación pública 001 de 2023.

El contrato en el centro de la polémica

El proceso contractual tenía como objetivo: La expedición, almacenamiento y entrega de pasaportes, que tenían vigencia hasta el 31 de julio de 2026, con un valor aproximado de 559.000 millones de pesos

Según la investigación, una unión temporal había cumplido con los requisitos y había sido recomendada para adjudicación por el comité evaluador.

controversia

Pese a ese escenario, el 13 de septiembre de 2023, Leyva firmó la Resolución 7485 mediante la cual:

👉 Declaró desierta la licitación👉 Argumentó la existencia de un único oferente

Posteriormente fue presentado un recurso de reposición por el proponente que fue negado y se mantuvo la decisión inicial.

Ese mismo día, el excanciller emitió un nuevo acto administrativo declarando la urgencia manifiesta, lo que permitió avanzar hacia la contratación directa sin licitación.

¿Por qué lo acusa la Fiscalía?

Para la Fiscalía, estas actuaciones podrían constituir prevaricato por acción, al considerar que:

Además, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia indicó que estas decisiones:

Uso de la urgencia manifiesta

Uno de los puntos centrales del proceso es la declaratoria de urgencia manifiesta, una figura legal que permite contratar directamente en situaciones excepcionales.

Según la Fiscalía, en este caso, no se justificaría plenamente su uso y habría servido para evitar el proceso licitatorio.

Otro elemento relevante es que, pese a los recursos presentados y la posibilidad de reconsiderar, el excanciller ratificó sus decisiones, no modificó los actos administrativos cuestionados, lo que refuerza, según la investigación, la posible responsabilidad penal.

Con la acusación formal, el caso entra en una nueva etapa judicial en la que se definirá la responsabilidad del exfuncionario ante la justicia.