Comunidades retuvieron a dos soldados en La Macarena, Meta

Las Juntas de Acción Comunal aseguran que los mantienen como “garantía” tras la captura de una mujer en un operativo militar.

Los soldados profesionales Édgar Mina Carabalí y Ángel González Garcés, quienes habían sido liberados en la mañana de este martes, fueron secuestrados nuevamente en zona rural del municipio de La Macarena, departamento del Meta.

De acuerdo con información conocida por medios locales, las comunidades de la región emitieron un comunicado en el que reconocen haber retenido a los uniformados y explican sus exigencias para proceder con la liberación.

“Por medio de la presente, las 60 Juntas de Acción Comunal de los alrededores de la vereda El Oasis informan que, en el marco de un operativo realizado el día 3 de noviembre en la finca Villa Valentina, se realizó la captura de la señora Liceth Daza Hoyos, quien se encontraba presente en el lugar. Por este motivo, como prenda de garantía, las comunidades realizaron la detención de dos soldados en el lugar”, señala el documento divulgado por los líderes comunales.

En la misa comunicación, las comunidades exigen la presencia inmediata de las delegaciones de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional, las Farc y las comunidades, con el fin de mediar en la situación y garantizar que el proceso se realice de manera pacífica.

Asimismo, solicitaron que Liceth Daza Hoyos, la mujer capturada en el operativo del 3 de noviembre, esté presente en cualquier instancia de negociación relacionada con la liberación de los soldados, “en reconocimiento de su condición y para asegurar un diálogo justo y transparente”.

Posición del Ejército Nacional y del Gobierno

El Ejército Nacional confirmó el secuestro de los soldados profesionales Édgar Mina Carabalí y Ángel González Garcés, adscritos al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, perteneciente a la Fuerza de Tarea Omega.

La institución señaló que se trató de una acción que vulnera las normas humanitarias y el mandato constitucional de garantizar la seguridad nacional, por lo que el hecho fue puesto en conocimiento de los mecanismos de verificación pertinentes.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional, en cabeza del ministro Pedro Arnulfo Sánchez, calificó el hecho como “una afectación directa contra la autoridad del Estado” y anunció la activación de operaciones interinstitucionales para garantizar la liberación segura de los uniformados.

El alto funcionario reiteró que los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser utilizados como instrumentos de presión y pidió respeto por el Derecho Internacional Humanitario, exhortando a las comunidades y actores locales a facilitar un proceso de diálogo que permita el retorno inmediato de los soldados.