Alcalde de Apartadó, Adolfo Romero, se pronunció sobre demandas contra su elección

El alcalde de Apartadó, Adolfo David Romero Benítez, emitió un comunicado en el que se refirió a las múltiples demandas interpuestas contra su elección, la cual fue proclamada por la Comisión Escrutadora delegada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones atípicas realizadas el pasado 6 de abril de 2025.

Romero explicó que, en el trámite de los procesos de nulidad electoral ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, tanto la Registraduría Nacional del Estado Civil como el Consejo Nacional Electoral, a través de sus representantes judiciales, respaldaron la legalidad de los comicios y la validez de las decisiones que dieron lugar a su elección.

El mandatario detalló que también se interpusieron más de 20 acciones de tutela en diferentes instancias judiciales, pero todas fueron rechazadas, al reiterar que la única vía válida para discutir su elección es el proceso de nulidad electoral en la jurisdicción contenciosa administrativa.

Sobre las recientes actuaciones del CNE, a través de la magistrada Fabiola Márquez, Romero señaló que resultan contradictorias frente a la postura sostenida por la misma entidad en respuesta a las demandas, recordando que incluso en un Auto de junio de 2025 el propio organismo reconoció carecer de competencia en este caso.

En su defensa, el alcalde solicitó una medida cautelar frente a esas actuaciones; sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que las decisiones administrativas del CNE no interfieren en el trámite judicial de nulidad electoral en curso y, por lo tanto, negó dicha solicitud.

Romero manifestó su plena confianza en la justicia colombiana y resaltó como antecedente el reciente fallo del Consejo de Estado en el caso de Santa Marta, donde se ratificó la elección del alcalde Carlos Pinedo en una situación semejante. Según el mandatario, esta decisión constituye un precedente que fortalece la legitimidad de su propia elección y la confianza en la defensa jurídica de su gobierno.