A indagatoria a Álvaro Uribe por masacres de El Aro, La Granja y asesinato de Jesús María Valle

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, informó este jueves que fue citado a indagatoria por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dentro de una investigación relacionada con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en el municipio de Ituango, Antioquia, entre 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador del departamento.

La notificación, según indicó el exmandatario, fue comunicada a través de sus abogados. El llamado judicial también incluye el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, así como hechos relacionados con la Hacienda Guacharacas, una finca de propiedad de la familia Uribe ubicada en el municipio de San Roque, Antioquia.

Uribe dio a conocer la decisión mediante una publicación en su cuenta de X, donde señaló que atenderá el requerimiento de las autoridades dentro del proceso que adelanta la Fiscalía.

Los hechos investigados ocurrieron en una de las etapas más violentas del conflicto armado colombiano. La masacre de La Granja se registró en junio de 1996, cuando un grupo paramilitar incursionó en ese corregimiento de Ituango, asesinando a varios habitantes y generando el desplazamiento de la población.

Un año después, en octubre de 1997, se produjo la masacre de El Aro, también en Ituango, donde hombres pertenecientes a grupos paramilitares asesinaron a campesinos, incendiaron viviendas y provocaron el desplazamiento masivo de decenas de familias.

Estos hechos fueron objeto de investigaciones nacionales e internacionales. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado colombiano por no prevenir adecuadamente las acciones de los grupos armados ilegales y por las fallas en la protección de la población civil.

Durante años, distintos testimonios de exparamilitares y procesos judiciales han mencionado presuntas responsabilidades de agentes estatales y posibles omisiones de autoridades de la época. Sin embargo, Álvaro Uribe ha negado reiteradamente cualquier participación o relación con esos hechos.

La investigación también incluye el asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en Medellín el 27 de febrero de 1998.

Valle era reconocido por denunciar públicamente la presencia y expansión de grupos paramilitares en el norte de Antioquia y por advertir sobre los riesgos que enfrentaban comunidades de municipios como Ituango. Su homicidio se convirtió en uno de los casos más emblemáticos relacionados con la defensa de los derechos humanos en Colombia.

A lo largo de los años, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado que se esclarezcan plenamente las circunstancias que rodearon el crimen y las posibles responsabilidades de distintos actores.

La Hacienda Guacharacas también ha sido objeto de investigaciones y controversias judiciales. La finca fue escenario de ataques de la entonces guerrilla de las FARC durante la década de 1980 y comienzos de los años noventa. En uno de esos hechos fue asesinado Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente, aunque las Farc, nunca han reconocido ese crimen, sino que lo atribuyen a otros actores de la violencia.

Posteriormente, algunos exintegrantes de grupos paramilitares han realizado declaraciones sobre presuntas actividades ilegales en la zona. No obstante, Álvaro Uribe ha rechazado de manera constante esas acusaciones y ha sostenido que tanto él como su familia fueron víctimas de la violencia ejercida por los grupos insurgentes.

Las investigaciones relacionadas con estos hechos han atravesado varias etapas durante casi tres décadas. Diferentes organismos judiciales han recopilado testimonios, documentos y decisiones de tribunales nacionales e internacionales sobre acontecimientos ocurridos en Antioquia durante los años más intensos del conflicto armado.

La citación a indagatoria constituye una diligencia dentro del proceso investigativo a través de la ley 600 del año 2000, y aunque no implica una declaración de responsabilidad penal, la orden de captura de ser necesaria, no necesitaría pasar por manos de un Juez de Garantía. Corresponderá a la Fiscalía avanzar en la recolección y valoración de las pruebas para determinar el curso de la investigación.